La Vanguardia
Con el objetivo de convertirse en "el polo de conocimiento más importante del sur de Europa", Catalunya se dotará este año de una ley de la ciencia propia que blindará la investigación de excelencia, según anunció ayer Antoni Castellà, secretario de Universitats i Recerca de la Generalitat.
Catalunya se ha encaramado en estos momentos al tercer puesto del ranking de excelencia científica de la Unión Europea, solo por detrás de Holanda y Suecia, según datos aportados por Castellà. Este ranking se basa en el número de proyectos de excelencia financiados por el Consejo Europeo de Investigación teniendo en cuenta el número de habitantes de cada país.
"Ahora es el momento de dar cobertura legal al modelo de investigación" de Catalunya, defendió el secretario de Universitats i Recerca. Este modelo, observó, es muy distinto del del resto de España y requiere una protección jurídica propia.
Con la ley de ciencia catalana, se dará plena autonomía de gestión a los centros de investigación de modo que no vean mermada su competitividad por ineficiencias burocráticas ni por interferencias de los gobiernos. Aunque pueda resultar paradójico que la Generalitat impulse una ley que limitará su propia capacidad de actuación, Castellà argumentó que "no hacemos ciencia desde el Govern, no la queremos hacer; tenemos que dar los instrumentos para que el sistema haga ciencia". Y recordó "el riesgo" que supuso en la legislatura anterior, cuando era presidente José Montilla, que la Generalitat decidiera intervenir fondos que los centros habían captado por su propia iniciativa y de los que dependían su estabilidad y sus estrategias de desarrollo.
La futura ley de la ciencia catalana blindará también jurídicamente el programa Icrea, que en la última década ha permitido atraer a Catalunya a más de 200 investigadores de primer nivel, no como funcionarios, sino con contratos competitivos. Durante la elaboración de la ley de la Ciencia española, que fue aprobada por el Gobierno del PSOE en el 2011 y que perpetúa el modelo del investigador funcionario, los científicos del programa Icrea estuvieron a punto de quedar ilegalizados. Al final, fueron ignorados en la ley y quedaron en situación alegal. La ley de la ciencia de la Generalitat, que desarrolla el artículo 158 del Estatut, les dará cobertura legal. "Será una de las leyes más importantes de esta legislatura", vaticinó Castellà, quien reconoció que "el gran reto" de la investigación en Catalunya es que las empresas apuesten por la innovación. Para conseguirlo, la Generalitat impulsa un paquete de medidas para que la investigación científica se traduzca en riqueza económica. Entre ellas, destaca un nuevo programa que incentivará que los doctorandos realicen sus tesis doctorales en empresas. El programa empieza en septiembre con 50 candidatos y está previsto ampliarlo en cursos posteriores hasta llegar a unos 250 doctorandos anuales, según Josep Maria Martorell, director general de Recerca.
Castellà y Martorell anunciaron las medidas para impulsar la investigación en Catalunya en un momento en que se prevén fuertes recortes en los presupuestos que España destinará este año a I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). "Creemos que es un error no priorizar la investigación", declaró Castellà. "El modelo europeo tendrá que basarse en una economía del conocimiento", declaró Castellà. El Gobierno de Madrid aporta hasta ahora alrededor de un 30% de la financiación de la investigación en Catalunya. En caso de recortes, el responsable de Universitats i Recerca reclamó que "el máximo posible del presupuesto se distribuya con criterios competitivos", o sea atendiendo a criterios de excelencia científica.
Con el objetivo de convertirse en "el polo de conocimiento más importante del sur de Europa", Catalunya se dotará este año de una ley de la ciencia propia que blindará la investigación de excelencia, según anunció ayer Antoni Castellà, secretario de Universitats i Recerca de la Generalitat.
Catalunya se ha encaramado en estos momentos al tercer puesto del ranking de excelencia científica de la Unión Europea, solo por detrás de Holanda y Suecia, según datos aportados por Castellà. Este ranking se basa en el número de proyectos de excelencia financiados por el Consejo Europeo de Investigación teniendo en cuenta el número de habitantes de cada país.
"Ahora es el momento de dar cobertura legal al modelo de investigación" de Catalunya, defendió el secretario de Universitats i Recerca. Este modelo, observó, es muy distinto del del resto de España y requiere una protección jurídica propia.
Con la ley de ciencia catalana, se dará plena autonomía de gestión a los centros de investigación de modo que no vean mermada su competitividad por ineficiencias burocráticas ni por interferencias de los gobiernos. Aunque pueda resultar paradójico que la Generalitat impulse una ley que limitará su propia capacidad de actuación, Castellà argumentó que "no hacemos ciencia desde el Govern, no la queremos hacer; tenemos que dar los instrumentos para que el sistema haga ciencia". Y recordó "el riesgo" que supuso en la legislatura anterior, cuando era presidente José Montilla, que la Generalitat decidiera intervenir fondos que los centros habían captado por su propia iniciativa y de los que dependían su estabilidad y sus estrategias de desarrollo.
La futura ley de la ciencia catalana blindará también jurídicamente el programa Icrea, que en la última década ha permitido atraer a Catalunya a más de 200 investigadores de primer nivel, no como funcionarios, sino con contratos competitivos. Durante la elaboración de la ley de la Ciencia española, que fue aprobada por el Gobierno del PSOE en el 2011 y que perpetúa el modelo del investigador funcionario, los científicos del programa Icrea estuvieron a punto de quedar ilegalizados. Al final, fueron ignorados en la ley y quedaron en situación alegal. La ley de la ciencia de la Generalitat, que desarrolla el artículo 158 del Estatut, les dará cobertura legal. "Será una de las leyes más importantes de esta legislatura", vaticinó Castellà, quien reconoció que "el gran reto" de la investigación en Catalunya es que las empresas apuesten por la innovación. Para conseguirlo, la Generalitat impulsa un paquete de medidas para que la investigación científica se traduzca en riqueza económica. Entre ellas, destaca un nuevo programa que incentivará que los doctorandos realicen sus tesis doctorales en empresas. El programa empieza en septiembre con 50 candidatos y está previsto ampliarlo en cursos posteriores hasta llegar a unos 250 doctorandos anuales, según Josep Maria Martorell, director general de Recerca.
Castellà y Martorell anunciaron las medidas para impulsar la investigación en Catalunya en un momento en que se prevén fuertes recortes en los presupuestos que España destinará este año a I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). "Creemos que es un error no priorizar la investigación", declaró Castellà. "El modelo europeo tendrá que basarse en una economía del conocimiento", declaró Castellà. El Gobierno de Madrid aporta hasta ahora alrededor de un 30% de la financiación de la investigación en Catalunya. En caso de recortes, el responsable de Universitats i Recerca reclamó que "el máximo posible del presupuesto se distribuya con criterios competitivos", o sea atendiendo a criterios de excelencia científica.
