Crimen en el laboratorio (El País 30/09/10)

Un sórdido episodio de sabotaje más propio de una novela negra que de un laboratorio científico se ha producido recientemente en una universidad estadounidense, con un investigador celoso de los posibles éxitos ajenos como villano, una joven científica como víctima de las malas artes del primero y una investigación más policial que científica para cazar al culpable. Y le han cazado: Vipul Bhrigu ha reconocido que contaminó reiteradamente con alcohol los experimentos de Heather Ames y ha sido expulsado; el jefe del laboratorio, Theo Ross, no sale de su asombro y ahora tiene que repetir todos los experimentos que se realizaban allí cuando se cometió la felonía, y la jueza Elisabeth Pollard Hines que se ha ocupado del sorprendente caso ha dictado sentencia condenando a Bhrigu a pagar el material que destruyó, a realizar servicios a la comunidad y a someterse a un examen psiquiátrico. La historia acaba bien, con el culpable descubierto y la víctima resarcida, pero en la comunidad científica reina la perplejidad ante un caso tan poco corriente.

Los hechos, acaecidos en la Universidad de Michigan y narrados ahora por Brendan Maher, corresponsal en Nueva York de la revista Nature, se remontan a mediados de diciembre del año pasado, cuando Ames, que estaba haciendo un estudio sobre un factor de crecimiento implicado en algunos tipos de cáncer, empezó a notar que pasaban cosas raras en sus muestras. Los resultados que iba obteniendo aparecieron descolocados, y lo mismo sucedió unos días después. Ella pensó que había hecho algo mal en los cultivos, pero enseguida tuvo sospechas, así que etiquetó las placas de cultivo por abajo. Entonces empezó a notar anomalías en una parte del experimento, la transferencia de proteínas a membranas (western blots). Podía ser de nuevo un error, pero se repitió la anomalía, y Ames, estudiante de doctorado, ya se extraño tanto que lo comentó a un colega, aunque no tenía pruebas del sabotaje.

Pero Ames no sospechaba quién podía ser el autor de las tropelías en sus experimentos, y éstas continuaron. Cuando, a finales de febrero, descubrió que las botellas de sus muestras olían a alcohol lo tuvo claro y hablo con su jefe, Ross, según cuenta Maher. El mecanismo debido se puso en marcha en la Universidad de Míchigan y, tras analizar la situación, los responsables de seguridad en la misma decidieron poner dos cámaras de video apuntando a las neveras donde se guardaban las muestras de Ames. Así cazaron a Bhrigu a mediados de abril, cuando rociaba con etanol las muestras de su colega. Lo reconoció inmediatamente, aunque sólo los actos de sabotaje de los últimos dos meses.

Bhrigu es indio, llegó a EE UU en 2003 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Toledo, en Ohio. Llegó al laboratorio de Ross como postdoctoral y sus colegas dicen que era amable, comunicativo y nada sospechoso de hacer algo así. En realidad, Ames no era una rival directa en su trabajo. "Sencillamente estaba celoso de que otros avanzasen más rápido que yo y quise frenarlo", comentó.

La juez le ha condenado a pagar 8.000 dólares (unos 5.900 euros) por el material de laboratorio destruido (más 600 dólares de costas del juicio), a seis meses a prueba, a realizar 40 horas de trabajos en beneficio de la comunidad y a someterse a evaluación psiquiátrica. Pero Ross, a petición del fiscal, ha hecho una lista completa de los daños ocasionados por el sabotaje y ahora se le piden 72.000 dólares (unos 52.800 euros). La reclamación tiene que verse este mes, pero Bhrigu se ha ido a India. Eso sí, antes de irse hizo otro intento de quedarse en EE UU y volvió a la Universidad de Toledo, donde mintió acerca de por qué había dejado la de Michigan. Se descubrió también este engaño y Bhrigu se fue a su país.

El caso ha dejado estupefactos a muchos en la comunidad científica. No es normal que se produzcan unos hechos tan graves y que la cosa acabe ante un juez, aunque algunos sospechan que pueden darse casos de este tipo que no se descubren ni se persiguen. Es más, ni siquiera el código de malas prácticas científicas que rige en EE UU contempla algo así, ya que se centra en casos de plagio y falsificación de datos en la investigación, señala Maher. Eso si, los implicados en el asunto Bhrigu están escandalizados y el mismo Ross está revisando a fondo todo el trabajo que el investigador indio hizo en su laboratorio durante el año que trabajó en él, por si acaso.

Ames, por su parte, ha llegado a plantearse si abandonar la carrera investigadora, tan contraria ha sido la experiencia respecto a la concepción que ella tenía de honestidad y colaboración en la comunidad científica. De momento está dando a conocer el triste suceso entre sus colegas para que su caso sirva a otros y anima a todos a denunciar ante los responsables de los laboratorios y las instituciones situaciones de este tipo.

Los impagos del Govern amenazan el futuro de la investigación catalana (El Periódico 20/09/10)

Los esperanzadores mensajes políticos que centran en el conocimiento y la especialización científica el modelo productivo que debe sacar de la crisis a Catalunya, y al resto de España, chocan estrepitosamente con la realidad de las instituciones que habrían de conducir a ese objetivo. Los centros biomédicos y biotecnológicos dependientes de la Generalitat están pasando el 2010 gracias a la aportación económica que les proporcionan los contratos con la industria, los fondos europeos que consiguieron compitiendo con otros grupos científicos o los ahorros que conservaban de recientes ejercicios. El motivo es que las subvenciones que les debía proporcionar la Generalitat, partida incluida en el presupuesto del Govern del 2009 y que debía cubrir entre el 40% y el 80% de su financiación total -de la que el 60% se destina a salarios-, no han llegado a algunos centros y en otros ha habido atrasos y recortes de diversa índole. En unos casos se dan por perdidos y en otros se confía en que solo se trate de un retraso en los pagos.

De no ser así, los recortes a la investigación en Catalunya serán muy superiores a los del resto de España, contrariamente a lo que proclaman los portavoces la Generalitat. Las llamadas a la Conselleria d'Economia i Finances son constantes, aseguran algunos afectados. El Departament de Salut ha optado por desviar toda explicación sobre el tema a la cartera del conseller Josep Huguet, responsable de Innovació, Universitats i Empresa, y a Antoni Castells, que es quien en último extremo retiene, o suprime, los pagos.

FINANCIACIÓN EN EL AIRE / Esta situación se suma a la completa incertidumbre en que viven los investigadores sobre qué será de su financiación y la de sus centros en el 2011. Las subvenciones para el apartado científico se han decidido hasta ahora en el Consell Executiu con una periodicidad anual, circunstancia que, dada la proximidad de las elecciones, se ha ido aplazando hasta el punto de que en estos momentos no hay planificación para el año que viene. El probable cambio de responsables en las conselleries de Economia, Salut y Universitats añade inquietud en el mundo de la I+D. Este cúmulo de interrogantes no es ignorado por los jóvenes investigadores (un 33% procedentes de otros países) que en el último decenio han ido nutriendo una cualificada red de investigación que ha llegado a ser de las mejor dotadas económicamente de España. Así lo reconocen los implicados.

OFERTAS PARA EMIGRAR / Varios de esos investigadores, en especial aquellos que fueron fichados en algún brillante instituto europeo o norteamericano y que llegaron a Catalunya con la promesa de trabajar y cobrar de forma digna, están estudiando, por primera vez desde que están aquí, las ofertas que recurrentemente les llegan de todo el mundo. La fuga de los nuevos cerebros rescatados está a punto de reiniciarse, han asegurado a este diario varios de ellos. «Quienes hemos trabajado y estudiado en instituciones europeas de referencia recibimos con frecuencia ofertas de otros países -dice Eduard Batlle, responsable de investigación oncológica del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona-. Eso es normal, pero hasta ahora yo nunca había hecho caso de esas propuestas, ya que vine con una oferta interesante y dispuesto a desarrollar la ciencia en mi país». «Ahora he empezado a estudiar esas posibles salidas -continúa Batlle-. Y como yo, otros colegas míos. Los recortes económicos no han hecho más que empezar y estamos realmente muy preocupados».

Batlle, que se formó y especializó en institutos de Marburg (Alemania) y Utrecht (Holanda), teme más por los fondos de que dispondrá su laboratorio en el 2011 que por la afectación de su propio salario, blindado por un contrato de profesor de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA ), vía que también ampara los sueldos de 200 de los más brillantes investigadores que han vuelto a Catalunya.

El malestar, en efecto, se ha extendido. «Este año hemos sacado de aquí y de allá, pero si la restricción dura un año más muchos investigadores se van a tener que ir», afirma Ángel Raya, biólogo molecular del Institut de Bioingenyeria de Catalunya (IBEC), que investiga la aplicación de células madre para regenerar corazones infartados. «Quien busca salidas evidentemente no lo hace en el resto de España, sino en el extranjero», indica Raya.

La explicación oficial de los hechos no es esperanzadora. «Algunos centros no han cobrado las mensualidades previstas, pero lo harán próximamente -asegura Ramon Moreno, director general de Recerca-. En cuanto a las retenciones, han afectado más a los centros que tenían liquidez y remanentes propios, pero yo no lo llamaría recorte».

«¿Y qué pasará?», se pregunta Moreno. «El futuro Gobierno de la Generalitat decidirá, aunque yo soy optimista porque, gane quien gane, todos los partidos se han comprometido a mantener la elevada inversión de los últimos años». «El futuro de los investigadores biomédicos catalanes es frágil», advierte la consellera de Salut, Marina Geli.

(Pre)parados: Precariedad, fuente de la eterna juventud (El País 20/09/10)

Marian tiene un contrato de 20 horas semanales pero trabaja 10 al día "No tengo derecho a una baja laboral o de maternidad", dice esta 'mileurista'.

Cuando decidió dedicarse a la ciencia, Marian Villa (30 años) sabía que su vida laboral sería complicada. Pero nunca pensó que tanto. Se dedica a la biomedicina. Estudió biología cinco años y se marchó a Holanda. Allí se enteró de que le habían concedido una beca de investigación de cuatro años en Valencia, su tierra, y volvió. "Parecía un sueño. Pero fue el principio del fin", dice con amargura.

Empezó su investigación. Tras esa beca consiguió otra para seguir con sus experimentos sobre la arteriosclerosis. Otros cuatro años. "Ahora gracias a una fundación tengo contrato. De 20 horas semanales. Pero en realidad paso en el laboratorio cerca de 10 horas al día. Si no, sería imposible que mi investigación avanzara". Gana unos 1.100 euros al mes.

La precariedad es el origen de muchos de los problemas o de las decisiones que toman ahora los jóvenes. Sucesión de contratos temporales o becas, salarios que a menudo no se acercan al mileurismo, falsos autónomos, pagos en B para esquivar la cotización, contratos que terminan en julio y se renuevan en septiembre... El 42% de los trabajadores entre 20 y 30 años tiene un contrato temporal. Y de los temporales es de los que antes prescinden las empresas en tiempos duros.

A Marian Villa se le acaba la beca en diciembre. ¿Y entonces? Dice que la empresa privada de biomedicina prácticamente no existe en España. En la investigación pública, lo que tiene ahora es todo lo que hay. "Supongo que solo me queda irme al extranjero, a Estados Unidos, e intentar volver a España en unos años, a ver si entonces me dan otra beca", cuenta resignada. Se siente precaria hasta la médula. "No solo por el hecho de cobrar poco. El problema es que vivir de becas y fundaciones impide avanzar como persona. Nadie me daría una hipoteca. No tengo derecho a una baja laboral o de maternidad", explica con indignación. ¿Por qué no cambiar de trabajo? "Estoy tan especializada y tan sobrecualificada que no sabría hacer nada más. Esa es la trampa. Me gusta investigar. Llevo tanto tiempo trabajando por pura vocación, que si ahora abandonase sentiría que los últimos ocho años han sido un fracaso". Cuando se desanima, recuerda el día que presentó su tesis, hace unos meses. "Inexplicable". Le tiembla la voz. "Tantos años de esfuerzo concentrados... ¿Cómo no va a haber fuga de cerebros?".

Beatriz Picazo también tiene 30 años, pero poco más en común con Marian, aparte de que vive en precariedad continua. Ni se imagina lo de los hijos y la hipoteca. No tiene empleo fijo. Tampoco profesión concreta. Ha trabajado en una empresa de páginas web, de camarera en Londres, de dependienta... Este verano servía en un chiringuito de Castellón. "Ahora buscaré otra cosa", explica. Estudió hasta BUP. "Luego me metí en artes gráficas. Pero no me gustaba. Decidí trabajar". Por el camino, hace cursos, muchos del servicio público de empleo.

A Beatriz no le queda más que aceptar su situación y ha adaptado su vida a estas circunstancias. "Las personas de entre 20 y 30 años asumen la precariedad laboral como algo natural. No es que sean acríticos. Es que han dado por hecho que es algo inevitable por lo que tienen que pasar". Es la conclusión con la que resume Esteban Sánchez Moreno, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, varias de las investigaciones de su equipo. No es cosa solo de jóvenes sin estudios. Los universitarios, dice, ya saben antes de acabar que los primeros años de su vida laboral serán una sucesión de contratos temporales, becas y sueldos bajos.

En las estadísticas oficiales internacionales, suele catalogarse el empleo juvenil entre 16 y 25 años. Pero en la sección de juventud de UGT hace un tiempo que ampliaron ese concepto hasta los 35 años. "Es que vimos que la media de edad de emancipación era de 29 años", justifica Silvia Sazatornil, responsable del área.
 

Volviendo a Beatriz, ¿cuánto es lo máximo que ha cobrado? "Unos 1.200 euros. Me pareció bien. No tengo grandes gastos. Solo el coche". Es optimista pero reconoce que ha pasado momentos duros. "Hay épocas en las que sin trabajo casi no tenía ni para café... Pero valoro la libertad con la que vivía". Cuando le sale curro, se muda a donde haga falta y comparte piso. Cuando está sin nada, vive en una casa de su familia en Paiporta (Valencia). "Pero no permito que me paguen nada". Una vez tuvo un contrato indefinido, pero a los tres años renunció. "Estaba en un departamento de compras y se me caía el despacho encima". Pero las cosas han cambiado. Ahora, dice, es más complicado ir de contrato en contrato.

Esteban Sánchez, el sociólogo, no ve rara estas decisiones, que cree que nacen de la precariedad misma: "Cuando una persona encadena becas fraudulentas y trabajos temporales, ¿qué compromiso con la empresa puede sentir? Ninguno. Con nada relacionado con lo laboral. Esto explica la baja sindicación de los jóvenes".

Marc Carrera, director en Cataluña del despacho de abogado Sagardoy, cree que la temporalidad bajará con la reforma laboral, "porque se bonifican los contratos indefinidos. Es cierto que las indemnizaciones por despido bajan, pero lo que debe primar con un paro juvenil alarmante es que se hagan contratos, aunque haya que renunciar a algo". Sin embargo, los sindicatos y el Consejo de la Juventud no lo ven tan claro. "Lo que hace falta son más inspecciones de trabajo, no despidos baratos", dice Ricardo Ibarra, presidente de este último organismo.

El peligro de perder a toda una generación de científicos (El País 16/09/2010 )

La afirmación del Gobierno de que los ajustes presupuestarios preservarían la financiación publica en I+D se fundamentaban, principalmente, en el compromiso de mantener la financiación del Plan Nacional de I+D, que finalmente este año también ha sufrido recortes. Habría sido una buena noticia para un país que lucha por salir de la crisis con un nuevo modelo de crecimiento, basado en el conocimiento. Como suele ocurrir, el demonio se esconde en los detalles y el debate en torno a la financiación de la I+D, centrada en el Plan Nacional de I+D, oculta que este Plan, que permite ejecutar proyectos de investigación, solo garantiza el avance científico en la medida que los proyectos sean propuestos por científicos con ideas brillantes y los conocimientos técnicos avanzados necesarios para desarrollarlas. Es este pilar básico de nuestro sistema de I+D, la consolidación de una comunidad científica de excelencia, y no el Plan de I+D, lo que el ajuste presupuestario ha colocado en grave riesgo.

La formación de investigadores es un proceso largo, que se extiende durante cerca de 12 años, en promedio, desde la licenciatura, en ciclos pre y posdoctorales hasta que los científicos consolidan su carrera con un puesto de trabajo permanente en la universidad, en los Organismos Públicos de Investigación o -en contados casos- en los departamentos de I+D de empresas. La consolidación laboral del joven investigador es importante más allá del punto de vista de la estabilidad laboral, ya que es requisito imprescindible para que alcance la plena independencia científica y forme un grupo de investigación, pasos necesarios para poder desarrollar sus ideas.

El periodo de crecimiento de la ciencia española en financiación, plataformas para la investigación y en recursos humanos durante los últimos seis años la impulsó por una senda de progreso sin precedentes que la prestigiosa revista Nature calificó como una "Edad de Oro de la ciencia Española". Fruto de este renacimiento es la generación más brillante de jóvenes científicos que nuestra sociedad haya dado, como se plasma en el éxito y competitividad de nuestros jóvenes investigadores en las convocatorias del European Research Council (ERC), que ejecuta el programa Ideas del 7º Programa Marco de la UE. Nuestros jóvenes investigadores ocupan el sexto puesto en número de contratos del ERC, que es extraordinariamente exigente en la selección, bajo el único criterio de la excelencia de los investigadores y sus ideas.

La abrupta contracción de la oferta pública de empleo en I+D iniciada en 2008 ha alcanzado niveles brutales, cercanos al colapso total, como evidencia la caída en más de cinco veces de la oferta de plazas de científicos titulares, el nivel de entrada a la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este cierre patronal, forzado desde el Gobierno, supone una bofetada para las esperanzas de los jóvenes investigadores que han tenido la desgracia de culminar ahora, aupados por el fuerte empuje de la ciencia española en los últimos años, su ciclo de formación, para encontrarse con las puertas de la consolidación cerradas a cal y canto.

Cualquier análisis realista anticipa que pasarán al menos tres años hasta que la oferta pública de empleo comience a recuperarse, mientras se seguirán acumulando más y más jóvenes investigadores al borde del abismo del fin de su ciclo de formación. El colapso y tapón resultantes serán de tal magnitud que tardaremos al menos una década en alcanzar el equilibrio perdido entre oferta publica de empleo en I+D y la afluencia de jóvenes investigadores con méritos suficientes para ser consolidados.

El problema es que los jóvenes investigadores saben bien que, al concluir el ciclo de formación, típicamente el final del contrato de cinco años del Programa Ramón y Cajal, solo hay la consolidación (cuyas puertas están cerradas), la emigración o el abandono de la carrera científica. Nos arriesgamos, ni más ni menos, que a perder toda una generación de científicos, precisamente aquellos que han de cargar sobre sus espaldas con la responsabilidad de llevar a este país hacia un nuevo modelo de sociedad necesariamente basada en el conocimiento. Lo que está en juego no es solo el futuro de esas mujeres y hombres en cuya formación hemos invertido más de una década de esfuerzo y recursos, sino, ni más ni menos, el futuro de nuestra sociedad.
 

Solucionar este problema requiere movilizar toda la acción de Gobierno, con la misma urgencia y determinación con la que ésta ha actuado -eso sí, tras un largo período de incredulidad y titubeo- para recortar nuestros salarios y congelar nuestras pensiones. La solución ha de venir de la mano de una Ley de la Ciencia que arrastra los pies en su tramitación, pero que ha de introducir, no el año que viene ni el 2012, sino mañana mismo un sistema de contratación indefinida para jóvenes investigadores que permita consolidar esta nueva generación de investigadores con un modelo laboral que supere las rigideces del sistema funcionarial y aporte competitividad a nuestro sistema de I+D. Es hora también de que nuestras grandes empresas, inhibidas durante demasiado tiempo de la responsabilidad social de crear conocimiento, arrimen el hombro y se apunten a la cultura del mecenazgo de la ciencia, patrocinando contratos y cátedras para estos investigadores. Será un mecenazgo menos lucido que el de grandes eventos deportivos, pero que marcaría una nueva era en la responsabilidad social del sector privado.

Esta generación no tiene, precisamente por no estar consolidada, voz en el debate en torno a la financiación de la I+D, dominado por intereses corporativistas de directores de laboratorios y agrupaciones científicas. Por eso utilizo esta tribuna para llamar al compromiso de todos con la nueva generación de investigadores, que ha de verse reflejado en la distribución de las partidas presupuestarias. La realidad es tozuda y a la tentación de tirar por el atajo de la innovación como panacea que engulle una porción cada vez mayor de los recursos para I+D, se contrapone la verdad de Perogrullo de que para cosechar se ha de sembrar primero. Sembremos pues y apostemos decididamente por la nueva generación de investigadores que está llamada a servir de punto de apoyo para desplazar la sociedad española desde la cultura del pelotazo y el ladrillo a la del conocimiento.

Carlos M Duarte es profesor de Investigación en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC).